ANÁLISIS LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PANAMÁ: SITUACIÓN, PROBLEMAS Y DESAFÍOS

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Las relaciones entre el estado y las instituciones de educación superior: Las disposiciones fundamentales de la educación superior, se encuentran contenidas en la Constitución Política (Art. 99-101) y en la Ley 34 de julio 1995 (Arts. 59-62). Sin embargo, en nuestro país no existe una Ley que regule específicamente el funcionamiento y organización de las instituciones de educación superior. Por lo que cada institución es creada mediante el Decreto y Ley respectiva. Las Universidades del Estado, cuentan con leyes especiales y sus correspondientes estatutos universitarios, con los actos académicos y administrativos que reglamentan diversos aspectos de la vida institucional. En el estatuto universitario (Universidad de Panamá), se norman las categorías de docentes, deberes, derechos y funciones, los concursos, la evaluación de títulos para concursos, ascensos y reclasificaciones docentes, ascensos de categorías, vacaciones, licencias, sabáticas y jubilaciones. Por otra parte, las normas que regulan la relación entre el personal administrativo y las instituciones son desarrolladas en el Reglamento de Carrera Administrativa, que tiene como soporte el Manual Descriptivo y la Escala Salarial. Este gran número de normas generales y específicas, generan complejidad y burocratismo. En este contexto es necesario generar la actualización o modernización de estas normas, con el fin de que las instituciones de educación superior, se adapten a las múltiples demandas y retos que se presentan en nuestra competitiva sociedad. Los modelos y estilos administrativos y de gobierno en las instituciones de educación superior han variado con el tiempo, el tipo de institución (universitaria y no universitaria), el sector al que pertenece (pública, privada) y el tamaño (grande, mediana, pequeña). Algunos rasgos comunes a estas instituciones son los siguientes: - Todas son parte de un nivel del sistema educativo (Tercer nivel de Enseñanza o Educación Superior), regido por la ley, que les establece sus objetivos y atribuciones. - Todas deben ser creadas por el Estado (públicas y privadas) y deben cumplir con los requisitos correspondientes. - Las dependencias de educación superior universitaria y no universitaria de carácter privado están sujetas a la supervisión y fiscalización del Estado. Esta fiscalización es en esencia académica y pretende asegurar la calidad en la formación que ofrecen estas instituciones. - La creación del Consejo Nacional de Rectores, es el ente de coordinación entre las instituciones y busca medios alternativos para conocer y buscar soluciones a los problemas de la educación superior en el país. Las universidades estatales poseen autonomía o libertad para organizar su vida académica y administrativa y contar con un patrimonio propio, lo que les permite asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Tienen la capacidad de escoger y nombrar sus autoridades, contratar y separar su personal y constar con las instancias de gobierno que la ley y su Estatuto les establezca. Conformando órganos de gobierno, integrados por representantes de los estudiantes, docentes, autoridades, administrativos y sectores de la sociedad; los cuales son responsables de la política e importantes decisiones de estas instituciones. El gobierno de la Universidad de Panamá está bajo el mando de los órganos colegiados, reconociendo la Ley, los siguientes: Consejo General Universitario: Órgano máximo e integrado por las autoridades superiores de la universidad, representantes de docentes, estudiantes y personal administrativo.             Objetivo: Ratificar el nombramiento de vicerrectores, dictar y reformar el estatus universitario, aprobar el plan de desarrollo de la Universidad, dictar los reglamentos generales de la institución, etc. Consejo Académico: Velar por la eficiencia y eficacia de la enseñanza, fiscalizar las universidades particulares, adoptar normas de ingreso de los estudiantes, aprobar planes y programas de investigación, de posgrado y de extensión, aprobar las normas relativas a los nombramientos y ascensos de categorías del personal docente y decidir los recursos de apelación que presenten estudiantes y docentes sobre temas de su competencia. Consejo Administrativo: Establece las directrices para el buen funcionamiento administrativo y económico de la Universidad, salvaguardar su patrimonio, elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto universitario, acordar el plan de inversiones, atender recursos que presenten los empleados administrativos. Estos tres consejos son presididos por el Rector y sus ámbitos de influencia cubren toda la institución. Las Juntas de Facultad y de Centro Regional Universitario, les corresponden decidir sobre asuntos académicos, administrativos y científicos de sus unidades. Son  integradas por todos los profesores de esa dependencia, un empleado administrativo y un estudiante por cada dos docentes miembros de este organismo. Es importante mencionar que la Universidad cuenta con autoridades superiores, con un lugar importante en la toma de decisiones; estas son: el Rector, el Vicerrector Académico, el Vicerrector Administrativo, Vicerrector de Investigación y Postgrado, el Vicerrector de Extensión, el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, el Secretario General, los Decanos (uno por cada facultad), los Directores de Centros Regionales Universitarios (uno por cada centro) y el Director General de los Centros Regionales Universitarios. Dentro de las facultades existen los Vice-decanos, Directores de Departamentos, Directores de Escuela, Directores de Investigación y Directores de Postgrado. El Rector, los Decanos y Directores de Centros Regionales de centros universitarios, son escogidos por elección directa de todos los que integran la institución. Los otros funcionarios superiores son nombrados por el Rector. Esta organización ha sido tomada como referencia por otras universidades estatales en nuestro país. El Consejo de Rectores o de Representantes de Universidades Oficiales y Particulares de Panamá, fue fundado en 1995, con el fin de asegurar la función de fiscalización de la universidad oficial del Estado. Está integrado por rectores o representantes de las universidades oficiales y particulares del país. Su objetivo es: “Procurar, en forma permanente, el mejoramiento de la calidad y pertinencia, equidad y modernización de la gestión de las instituciones de educación superior, para lograr una mayor eficiencia y eficacia administrativa”. Es importante desarrollar  propuestas que estimulen el desarrollo de liderazgos intelectuales en los directivos de las instituciones, con el fin de facilitar el progreso de la docencia, la investigación e integración armónica para dar solución a los problemas y tareas fundamentales de la organización. Las instituciones de educación superior, en nuestro país no cuentan con los incentivos suficientes que les permitan generar mejores niveles de calidad académica y de eficacia administrativa, lo que se ve reflejado en la calidad de aprendizaje del estudiante, sin asumir la responsabilidad de estos resultados ante la comunidad. Sin mencionar además que hay sistemas de información deficientes, que son incapaces de dar seguimiento a los egresados, evaluar las carreras, situación y desempeño de docentes, que permita una toma apta de decisiones sobre los recursos. NO existe una planificación universitaria a largo plazo, hay una carencia en cuanto a la administración universitaria, en gran parte porque estos puestos son ocupados por individuos con grandes actitudes políticas y desconocimiento en esta rama. Además de que existe una concentración de poderes que genera retrasos, costos adicionales en las operaciones, clientelismo político, poca adhesión y compromiso institucional de las personas involucradas. Por lo que se ha propuesto la idea de realizar un proyecto de evaluación y acreditación institucional, que llegaría a ser una fuerte herramienta de generación de información y de toma de decisiones, con mucha credibilidad para los miembros de la institución y de la comunidad nacional. Y si adicional a esto, se logra un mejor sistema de información y de planificación institucional, se incrementarían los niveles de productividad académica, científica y administrativa, además de fomentar el valor agregado de la educación superior en el país. Una de las misiones fundamentales de la las instituciones de educación superior es la Extensión, la necesidad de vincular sus instituciones a las tareas del desarrollo nacional, mediante aportes en las áreas científica, tecnológica, cultural y de servicios diversos. Esto, potencia la producción y el bienestar social, permitiendo generar nuevos recursos para fortalecer la capacidad financiera de estas instituciones. Y además reflejan el creciente interés de proyectarse al sector productivo, al Estado y la sociedad civil.